En lo que llevamos de año 2025, tenemos que lamentar ya 11 muertes en los tajos de la provincia de Córdoba y 77 en toda Andalucía, en los más de 4,000 accidentes laborales.
Esto es consecuencia de la precariedad laboral a la que estamos sometidas y a la temporalidad que hace que no les merezca la pena a las empresas formar a trabajadoras que van a estar unos meses.
Estos accidentes son consecuencia de la subcontratación y las externalizaciones, que diluyen responsabilidades en caso de accidente laboral, y de que las empresas solo cumplen en el papel
pero no lo aplican en la práctica, no invierten en seguridad y prevención.
Estos accidentes y estas muertes son consecuencia del abandono institucional y la desidia de la administración pública, que vela por los beneficios de las empresas por encima de las vidas de las trabajadoras. Así lo vemos reflejado en la insuficiencia en el control e inspección laboral, que fomenta la impunidad empresarial, que alimenta la corrupción y el amiguismo entre administración y patronal.
Por eso exigimos:
-Un aumento del control y de la inspección hacia las empresas.
-Que cese la impunidad empresarial y la convivencia de la administración pública, sancionando duramente a las empresas que incumplan la legislación en prevención de riesgos laborales, y por supuesto, a empresas en las que se produzcan accidentes laborales evitables.
-Una mayor inversión, por parte de las administraciones públicas, en la materia.